A pesar de los ataques el INE sigue estando muy bien evaluado por la ciudadanía.
En las primeras semanas de este año se han intensificado los ataques contra el INE en esta campaña permanente y manifiesta que se ha emprendido desde el oficialismo con la clara intención de debilitarlo y lograr su control. A la insostenible y perversa denuncia que el presidente de la Cámara de Diputados -quien se ha convertido en uno de los principales operadores de esta embestida, probablemente en el ánimo de hacer méritos para fortalecer sus aspiraciones políticas- presentó a finales del año pasado ante la FGR con el propósito de que se encarcele a seis consejeras y consejeros electorales por el sentido de sus votos en el Consejo General -y en el absurdo también al secretario ejecutivo que no tiene derecho a voto-, se suman una serie de falsedades y verdades medias a las que dolosamente han recurrido cada vez con mayor frecuencia.
Una de ellas fue el supuesto desistimiento de la denuncia que públicamente anunció el diputado Gutiérrez Luna, siendo que la investigación sigue abierta y por tanto la amenaza penal contra integrantes del INE. También se ha acusado que los sueldos de consejeros y altos funcionarios son ilegales por ser superiores al del presidente, aún y cuando fue el propio Congreso quien expresamente aprobó la excepción en la ley de remuneraciones además de que corresponde a la Suprema Corte resolver las controversias constitucionales que al respecto se interpusieron, o que con recursos del INE se paga la comida de las mascotas del personal, siendo que se trata de los perros de seguridad con que cuenta para detección de explosivos.
Ni que decir del plan de austeridad elaborado por la Secretaría de Hacienda en contravención a sus atribuciones y transgrediendo la autonomía del órgano electoral, en el que por un lado se jactan de no afectar a los trabajadores sindicalizados -siendo que en el INE no hay sindicatos-, y por otro propone eliminar el fideicomiso para atender el pasivo laboral del personal para que esos recursos se destinen al proceso de revocación, lo que está prohibido por la legislación en materia presupuestal y de responsabilidad hacendaria.
Recientemente, se presentó en la conferencia mañanera del presidente, un ejercicio comparativo muy poco serio y mal intencionado sobre el presupuesto de instituciones electorales de otros países de América Latina para demostrar que el INE es el más costoso. Sin embargo, se les “olvidó” tomar en cuenta la población de cada país ya que no es lo mismo México con 128 millones de habitantes, que Colombia con 50.88 millones, Argentina con poco más de 45 millones, Honduras con cerca de 10 millones, o Uruguay con 3.4 millones de habitantes. Otro dato que “se les pasó”, es que en el caso de nuestro país contemplaron los casi 6 mil millones de pesos que corresponden al financiamiento público para partidos políticos que no forma parte del presupuesto del INE, de los cuales Morena recibe mil 783 millones de pesos, por lo que probablemente es el partido que cuenta con mayores recursos cuando menos en Latinoamérica.
A diferencia de los demás países, el INE es también el que tiene mayor número de atribuciones conforme lo ha determinado el Congreso a través de las últimas reformas electorales, y que naturalmente ha impactado en los recursos requeridos. Por ejemplo, tan sólo la elaboración del padrón electoral y la emisión de las credenciales representan aproximadamente el 30% de su presupuesto, además de que monitorea permanentemente 3 mil 500 señales de radio y televisión, insacula y capacita a las y los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, tiene a su cargo la fiscalización de todos los partidos políticos y de las campañas federales y locales entre tantas otras. En función de lo anterior, no es posible comparar objetivamente lo que cuestan los órganos electorales de los distintos países, como lo ha pretendido el gobierno con el fin de desprestigiar al INE, que a pesar de ello sigue estando muy bien evaluado por la ciudadanía.»
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