Hasta la década pasada el estado de Guerrero era uno de los principales destinos turísticos tanto nacional como internacional, en gran parte por el puerto de Acapulco, Ixtapa y Taxco. La entidad contaba en ese entonces con inversión extranjera que desarrolló diversos complejos hoteleros para cubrir la demanda de turismo nacional y extranjero. La economía de la entidad se desarrollaba con cifras optimistas y generadoras de empleos.
Durante las décadas de los 70, 80 y 90 Guerrero se convirtió en una entidad prometedora, la atención y publicidad que recibía por parte del gobierno federal, medios de comunicación y festivales internacionales, sobrepasaba cualquier otra; sin embargo, mientras el estado se llenaba de hoteles, en la zona montañosa de Guerrero, aquella que colinda con el Estado de México y con Michoacán, se reforzaban grupos de delincuentes que, a través del secuestro, la extorsión y el trasiego de droga, se fueron apoderando de cada rincón del estado.
A esto se sumaba el hecho de que Guerrero cuenta con una historia violenta en donde sus autoridades se habían convertido en actores cruciales de indecisión, opacidad y, en el peor de los casos, de complicidad. Basta con recordar la represión de maestros en Atoyac en 1967 o los asesinatos de Aguas Blancas en 1995. Episodios en los que los gobernadores de la entidad demostraron poca fuerza de mando y una clara falta de control sobre la gobernabilidad y seguridad de la entidad.
Con esta suma de factores hoy Guerrero se ha convertido en uno de los estados más inseguros del país, siendo Acapulco el segundo municipio más violento a nivel nacional, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C. Este grado de inseguridad ha tenido grandes repercusiones en la economía del estado y ha dañado directamente a las familias del mismo. En febrero pasado, la Coparmex aseguraba que en Guerrero no había inversión debido a la violencia, dando a conocer que en tan sólo en 2013 se cerraron o se desplazaron al menos 400 empresas.
No sólo eso, la principal fuente de ingreso del estado, y por lo tanto la de sus habitantes, ha sufrido significativos golpes con varias alertas internacionales de distintos países que sugieren a sus turistas no viajar a la entidad, la última de ellas por parte de Estados Unidos el día de ayer tras la lamentable desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala y el incidente en el cual un estudiante alemán fue herido por el fuego cruzado entre supuestos secuestradores y la policía ministerial.
Así, Guerrero sigue entrampado en una espiral interminable de violencia e inseguridad en la que sus autoridades sólo se han dedicado a observar mientras las ejecuciones más impactantes de la historia moderna de México se llevan a cabo bajo sus mandatos. El caso de Ayotzinapa ha encendido todos los focos rojos y ha atraído la atención internacional por su gravedad; sin embargo, el PRD se ha dedicado a escudarse en excusas para rendir cuentas claras sobre lo que ocurre en la entidad: “que no sabíamos del alcalde”, “que alguien lo investigó”, “perdón” y “mejor hagamos un plebiscito”.
Hoy Guerrero necesita de la responsabilidad de sus autoridades en todos los niveles estatal y municipal, quienes deben comprometerse a ayudar a las autoridades federales en las investigaciones y evitar todo tipo de distracciones políticas. No basta con no estar involucrado, es importante que los gobernadores asuman el control de los estados que gobiernan, porque muchas veces la ignorancia de lo que pasa en sus estados es tan grave como la complicidad. Hoy más que nunca se requiere el trabajo conjunto de poderes estatales y municipales, porque, como ya se ha dicho en este espacio muchas veces, el gobierno federal no puede solo.
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