En 1986, estando en campaña, subí a Aguililla, un pueblo muy pobre al suroeste de Michoacán y nos sorprendió que llegara un joven en camioneta, con cuerno de chivo, sin estudios. Su respuesta nos sorprendió más: dijo que él no iba a la escuela, que era el jefe de una cuadrilla y que ocupaba su tiempo en mover macetas de amapola.
Por complicidad o indiferencia, el fenómeno creció al paso de los gobiernos en Michoacán y fue haciéndose más complejo. En la entidad las actividades del crimen organizado se centraban en sembrar y vender droga, lo cual se fue transformando en otras, como la preparación de nuevas drogas, la extorsión y el secuestro.
Estas formas de represión se fueron diversificando, al igual que los abusos y control de la delincuencia organizada. Cuerpos colgados en puentes, cabezas humanas en parques y monumentos, anuncios de La familia michoacana, que paga espacios en los diarios del estado, para explicar su acción de control sobre la vida de la sociedad que ellos llaman “protección” y, a partir de la cual, establecieron un sistema de cuotas a todos los giros de la economía en el estado.
Fue esta dinámica la que se extendió hasta los gobiernos municipales, los contratistas, los pequeños comercios, los grandes productores de aguacate, pepino y limoneros, pero no solo a los dueños de la tierra, sino también a cortadores, a quienes dicen cuánto y cuándo pueden cortar sus cosechas, que se transformaba ya en una forma de semiesclavitud.
Es en el inicio del gobierno de Felipe Calderón cuando el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel le pide auxilio para poder tomar control sobre ese grupo delincuencial (La familia michoacana) y se formalizan los operativos de contención, pero también los de revisión de las instituciones y la atención a recuperar el tejido social en varias partes de la República.
Iniciativas de mando único, código penal único y revisión del sistema de justicia van de la mano con la estrategia de contención. Por eso, es necesaria e inmediata la transformación de instituciones, porque la obsolencia del sistema de justicia y seguridad impide la eficiencia de la acción de la autoridad.
Antes la policía municipal no era cómplice, hasta que el Legislativo hizo concurrente la persecución del narcomenudeo entre la Federación, los estados y los municipios, y entonces al crimen organizado le interesó hacerse del control de los municipales. Michoacán es el ejemplo vivo de esta captación.
¿Por qué entonces hemos llegado a esta crisis de ingobernabilidad en Michoacán?
En Michoacán existe un fenómeno de descomposición social que fue permeando entre la sociedad en la medida en que la situación fue abarcando más sectores y fue haciéndose más compleja, las bandas criminales fueron creciendo, se desdoblaron y se enfrentaron entre ellas. Hablamos de una generación que creció en ese territorio entre armas, complicidades, sometimiento, controles y pobreza. Solo por poner un ejemplo, una encuesta de 2010 de la SEP dice que cuatro de cada 10 adolescentes quieren ser novias de un narco y que a muchos jóvenes no les importa vivir cinco o siete años si tienen un poco de poder. Si en 86 algunos liderazgos adolescentes se fundaban en portar armas, camioneta y comandar una cuadrilla, y además tenían éxito económico, llegar a la descomposición presente es explicable.
Inacción del gobierno y silencio ante presión: La descomposición del tejido social va de la mano de la degradación de la convivencia en todos los órdenes, pues a la transformación de los delitos y de su impacto en la sociedad no le siguieron transformaciones a las instituciones ni tipificación de nuevos delitos, sino hasta 1997, que se tipificó la delincuencia organizada. Y no será sino hasta 2015 que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal.
Aunado a este retraso y obsolescencia, en Michoacán se suma un gobernador ausente y débil, una crisis financiera severa y la sospechas de colusión con el crimen organizado. La obsolescencia, ineficacia, poca capacidad de los órganos de la justicia y la seguridad tienen como resultado la impunidad, y ésta es un reforzamiento para el comportamiento ilegal, violento, abusivo.
Con el relevo del gobierno, se retiraron las fuerzas federales del estado y, con ellas, vino la expansión abierta de la delincuencia organizada, que ya no solo extorsionaba sistemáticamente a casi todos los actores económicos, grandes y pequeños del estado, sino que comenzaron a controlar la producción, el comercio y la vida de las comunidades y sus familias, especialmente en la zona de Tierra Caliente.
A principios de 2013 los síntomas de ingobernabilidad eran claros: el silencio del gobierno ante la quema de vehículos de empresas refresqueras, de empaques de aguacate y limón, el asesinato de unos 26 limoneros casi enfrente de la autoridad estatal, el sitio en algunas ciudades y los secuestros y quiebra de pequeños empresarios que ya no podían pagar las cuotas, todas ellas muestras de ese control del crimen. Se subvirtió el orden en el estado: en principio por la inacción del gobierno y quizás muchas más por la complicidad que fue comprada durante la campaña de 2011.
En este abandono, para febrero de 2013 se comenzaba a escuchar de grupos de personas que estaban enfrentándose a los delincuentes, gente que se hartó de ser sometida, cercada, sitiada, algo similar a lo que pudiera llamarse una esclavitud nueva. Tepalcatepec y La Ruana fueron los primeros municipios en levantarse en armas y sacar a los delincuentes de su territorio. No es una situación que haya que aplaudir, es gravemente preocupante que civiles tomen la tarea que se supone debe cumplir el Estado, pero frente al abandono, ellos comenzaron a hacerse cargo de ellos mismos. Y fue hasta junio que el gobierno federal volvió la vista de nuevo a Michoacán, regresó con la estrategia de contención y anunció varias veces que no se irían hasta acabar el problema.
En la reunión del gabinete de seguridad, realizada en Morelia en días pasados, resultó evidente que el control y la estrategia son del gobierno federal y que el local no participa de ese proceso. De nuevo muy anunciada la reunión, de nuevo el mismo mensaje: presencia, inversión, impacto. Su resultado fue impactante inmediatamente: los pobladores de Tierra Caliente se negaron a permitir el paso y la acción del Ejército y hubo muertos. Acabar con las expectativas de mejorar repitiendo lo mismo no es receta para la esperanza.
Esperábamos todos saber cómo resolver el conflicto, que debe darse de forma local y concreta municipio por municipio, que la gente vea que la vuelven a cuidar y proteger de quien les ha hecho daño.
Estos días hemos empezado a ver acciones de la Policía Federal (PF) que asume la seguridad municipal, ahí, en lo concreto, donde la complicidad o la obligación de permitir que la policía municipal obedezca al crimen organizado era el inicio de la no solución. Obligados a mantener la esperanza, queremos creer que el comisionado de la PF ha comenzado a ser sensible, a desenredar la madeja ahí donde está la cuna de Los templarios y que con sus acciones logren avanzar en quitar a esos grupos las fuentes de su poder. Así como las primeras autodefensas encontraron a los informantes y quitaron los radios a los taxistas y desarmaron a la policía municipal en Tepeque.
A diferencia de las salidas en falso de acuerdos que prometen mucho y generan poco, lo que ha hecho que los grupos desconfíen y su propio comportamiento sea errático, las acciones locales de la PF han de darnos esperanza, porque los michoacanos necesitamos creer, necesitamos saber que esta nueva estrategia anunciada con bombo y platillo no será otro paso fallido.
Por cierto, el comisionado coordinador o el nombre que le hayan dado a Alfredo Castillo no debe olvidar que hay un Poder Legislativo que decide quién es el titular del Ejecutivo; ojalá que más pronto que tarde se reúna con este poder colegiado que representa a la población.
La tarea es de todos: no basta con acciones y programas del gobierno, no basta cuando en una ciudadanía lo que impera es miedo, tristeza y desesperanza. Es tiempo de regresar a la cultura de la legalidad, de recuperar el tejido social, hoy es tiempo de la ciudadanía y de generar esperanza para recuperar los valores familiares, hoy es tiempo de recuperar a Michoacán. Hoy Michoacán necesita de todos.
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